El Gobierno Nacional presentó el Programa de Protección Integral (PPI) para firmantes del Acuerdo de Paz, una nueva política que responde al compromiso con quienes dejaron las armas en 2016 y busca proteger su vida e integridad, buscando articular acciones para garantizar sus derechos y condiciones dignas de vida.
En este nuevo programa, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) cumple un papel estratégico: lidera la implementación del Programa de Reincorporación Integral (PRI), que se articulará con el Programa de Protección Integral para garantizar condiciones básicas que faciliten el tránsito a la vida en democracia y contribuyan a la seguridad humana.
Además, la ARN desarrolla acciones para reducir la estigmatización de la población en proceso de reincorporación, un factor que pone en riesgos sus vidas y dificulta sus procesos de reincorporación.
“Este programa reconoce que proteger va más allá de escoltas y carros blindados. Esta política supera las medidas tradicionales y propone una mirada más integral de la seguridad. Desde la ARN nos sumamos a este esfuerzo a través de las acciones contempladas en el PRI para avanzar en la protección de las y los firmantes”, señaló la directora de la ARN, Alejandra Miller.
¿Qué medidas contempla el Programa de Protección Integral?
El PPI será coordinado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, con participación de entidades nacionales y territoriales.
Esta política establece medidas frente a los riesgos que enfrentan los firmantes, organizadas en tres dimensiones: prevenir amenazas (libertad frente al miedo),
garantizar condiciones de vida dignas (libertad frente a la necesidad) y promover la participación, la reconciliación y la superación de la estigmatización (vivir en dignidad).
Con la puesta en marcha del decreto 0638 de 2025, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con el Acuerdo Final de Paz, a través de una política de protección que trasciende lo físico y reconoce que la seguridad también se construye con derechos y dignidad.
