25 personas en proceso de reincorporación en Atlántico recibieron una capacitación para la aplicación de medidas de protección, a cargo de La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el apoyo de otras entidades del Estado, ratificando el compromiso del Gobierno nacional con la seguridad de los excombatientes y sus familias.
En la jornada estuvieron representantes de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otras, quienes dieron a conocer las temáticas de medidas preventivas de seguridad en casa y desplazamientos, derechos humanos, protocolo de atención de riesgos de la ARN, restablecimiento de derechos en menores de edad, entre otros contenidos.
Andrés Stapper Segrera, director general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), resaltó que la seguridad hace parte principal del apoyo al proceso de reincorporación, explícito en la política de 'Paz con Legalidad'.
“En el marco de la política de Paz con Legalidad orientada por el señor presidente Iván Duque, la ARN cuenta con una ruta de protección y seguridad para atención a situaciones de riesgo y amenaza. Además, ejerce una labor de coordinación para poner en conocimiento a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y otras entidades responsables, quienes realizan el análisis, calificación o ponderación de riesgo, y otorgan las medidas de protección a las personas en proceso de reincorporación", manifestó Stapper Segrera.
69 excombatientes residen en el departamento de Atlántico, de los cuales 27 viven en Barranquilla, 25 en Soledad, 7 en Galapa, 5 en Malambo, 2 en Sabanagrande y Baranoa, y uno en Tubará.
En el departamento se realiza acompañamiento permanente a todas las personas en proceso de reincorporación y la socialización de la ruta de protección y medidas preventivas para minimizar los factores de riesgo de la población.
La ARN, ante el conocimiento de cualquier hecho de riesgo, amenaza o atentado a las personas en proceso de reincorporación, solicita a la UNP adelantar la evaluación de riesgo y brinda asesoría para que la persona pueda tramitar la solicitud de medidas preventivas ante la Policía Nacional y suministrar orientación jurídica para instaurar las respectivas denuncias y/o reportes a las instancias competentes como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otras.
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