Culminó con éxito el acompañamiento que la ARN realizó durante siete meses para promover la participación y fortalecer Conelaec, la organización de firmantes más relevante en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, enfermedades de alto costo y adultos mayores en reincorporación.
Creado en el año 2020, el Comité Nacional de Excombatientes Lisiados de Guerra, Adultos Mayores y Enfermedades de Alto Costo (Conelaec) firmó con la ARN un contrato en marzo pasado –que fue financiado con recursos del Fondo Colombia en Paz– para implementar un proceso de fortalecimiento organizativo enfocado en tres líneas estratégicas: incidencia política, gestión de proyectos y gestión territorial. Como resultado, la organización construyó un plan estratégico a cinco años y cinco planes operativos anuales que orientarán su labor para garantizar los derechos de sus más de 617 integrantes en todo el país.
En el último comité operativo de seguimiento realizado la semana pasada, se validaron los productos del contrato y se destacó el trabajo articulado entre la organización y el equipo técnico del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), vinculado a la Dirección Programática de la ARN.
Tania Rodríguez, directora programática de la ARN, destacó que la entidad “ha ampliado y profundizado un enfoque garantista en este proceso. Entendemos que con ello le apostamos a la no repetición del conflicto armado”.
Entre los principales logros, Conelaec consolidó un equipo de enlaces regionales en siete zonas del país, responsables de impulsar la gestión y la autogestión con entidades públicas, privadas e internacionales.
Con esta alianza se impulsa la participación regional de nuestros miembros y se refuerza el compromiso de construir una paz inclusiva y sostenible, que busca garantizar el bienestar de quienes enfrentan mayores vulnerabilidades, destacó Andrés Ríos, representante legal de Conelaec.
En el Plan Estratégico 2025-2030, Conelaec definió diferentes líneas de acción que orientarán su labor hacia el acceso a vivienda, salud integral, seguridad, formación ciudadana y sostenibilidad económica. Este plan, construido de manera participativa con líderes y lideresas de 24 departamentos del país, establece como prioridad el
reconocimiento de la diversidad, la equidad de género y la defensa de los derechos de las poblaciones históricamente invisibilizadas.