El punto 3 del Acuerdo de Paz, que contempla el proceso de reincorporación, es uno de los que registra mayores niveles de cumplimiento en la implementación de lo pactado en 2016, con avances superiores al 80%. Así lo señaló la Procuraduría General de la Nación en su Séptimo Informe de Seguimiento, presentado ante el Congreso de la República.
“Los puntos del Acuerdo Final que mejores resultados muestran bajo este análisis son el Punto 6 y el Punto 3, los cuales presentan promedios mayores al 80%", se asegura en el documento, que resalta que estos avances en el tránsito a la vida civil contribuyen al bienestar de la población firmante de paz, fortalecen la convivencia en los territorios y la reconstrucción del tejido social.
Entre los avances que resaltó el ente de control se encuentran la cobertura y el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) a más de 11.000 firmantes de paz, así como los avances normativos con la reglamentación del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), la creación del Programa de Reincorporación Integral (PRI), el reconocimiento de las Áreas Especiales de Reincorporación Colectiva (AERC) y la consolidación de los ETCR.
“Desde la Procuraduría valoramos y reconocemos la implementación del Sistema Nacional de Reincorporación y del PRI, pues constituyen una base fundamental para la sostenibilidad del proceso en Colombia", afirmó Javier Sarmiento, delegado del Ministerio Público, durante la sesión 156 del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Por su parte, la directora de la ARN, Alejandra Miller, señaló que eran deudas pendientes de años anteriores en el proceso de reincorporación, y destacó que su implementación responde al compromiso con la no repetición del conflicto armado y con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, en línea con recomendaciones realizadas previamente por los entes de control.
En el ámbito social, el informe subraya que más del 90% de los firmantes tienen garantizado acceso a salud y pensión. En lo económico, se reporta desde la firma del Acuerdo la aprobación de más de 6.000 proyectos productivos, que benefician a más de 11.000 firmantes, con inversiones que superan los 105 mil millones de pesos. También se destacan la Estrategia de Sostenibilidad Económica, el fortalecimiento asociativo, las alianzas público-privadas y la entrega de 17.000 hectáreas de tierra.
Entre los retos, la Procuraduría resaltó fortalecer la articulación interinstitucional, garantizar recursos suficientes, superar la estigmatización y reforzar la seguridad de la población firmante. Además, aunque resaltó avances, subrayó la necesidad de avanzar en soluciones de vivienda, tanto en los ETCR como fuera de ellos.
El séptimo informe aborda el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, tiempo durante el que se analiza la gestión de respuestas de más de 50 entidades y se revisan los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI).