Cuando este Gobierno asumió la implementación del Acuerdo de Paz, el enfoque de género no tenía la estructura ni los recursos para responder a las mujeres en reincorporación. Con una inversión cercana a 20.000 millones de pesos, hoy, esa brecha se ha venido cerrando con decisiones concretas, inversión histórica y capacidad instalada en los territorios.
“Esta administración ha invertido en procesos que fortalecen la participación política de las mujeres, que buscan erradicar las violencias contra las mujeres, redistribuir las cargas del cuidado, fortalecer sus liderazgos sociales y también en los proyectos productivos que fortalecen su autonomía económica”, sostuvo Alejandra Miller Restrepo, directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
En el departamento del Meta, Eloísa Rivera Rojas, representante legal y directora administrativa de la Asociación Nacional Agropecuaria desde el Llano (Asonall), da testimonio del impacto que tiene apoyar proyectos productivos asociativos en los que participan mujeres.
“Nosotros estamos transformando la tierra, el suelo, la forma de producción, para hacer todo lo que hay para las mujeres. Y por supuesto que sí estamos viendo ese cambio, las oportunidades, el impulso, el apoyo, el asesoramiento, todas esas cosas son muy fructíferas. Es ayudarle a cumplir esos sueños también a la gente que nos rodea y a la gente que siempre hemos tenido exclusión. Y que ahora las oportunidades se dan con este cambio, y el compromiso es de todas, esto no se consigue una sola, es el compromiso de todas a seguir buscando esas oportunidades”.
La apuesta por responder de manera integral a las realidades de las mujeres en proceso de reincorporación ha permitido consolidar equipos técnicos a nivel nacional y territorial, institucionalizar la estrategia de prevención de violencias basadas en género y garantizar que el enfoque deje de ser un capítulo aislado para convertirse en un eje transversal de la reincorporación.
La estrategia de prevención de violencias basadas en género llegó a 24 municipios, con una inversión superior a 4.400 millones de pesos entre 2023 y 2026. A través de procesos pedagógicos sobre derechos, acompañamiento psicosocial y jurídico, brigadas de salud sexual y reproductiva y mesas interinstitucionales, se fortalecen rutas de atención y entornos más seguros para las mujeres firmantes. De manera complementaria, se activaron acciones en 12 departamentos, con una inversión superior a 4.600 millones de pesos, que incluyen
espacios psicosociales individuales y colectivos, acompañamiento a hijos e hijas de víctimas y actos simbólicos de memoria.
El empoderamiento social y político también es una realidad. Se impulsaron procesos en 18 municipios, con 702 participantes en formación. Como resultado, 176 mujeres fueron certificadas en la Escuela de Liderazgo Político, se fortalecieron 30 organizaciones y se construyeron 18 agendas de incidencia, ampliando la participación efectiva de las mujeres firmantes en escenarios de decisión pública y en la construcción de planes de desarrollo. Además, 24 mujeres firmantes fueron contratadas para implementar acciones en territorio, fortaleciendo liderazgos y tejido social.
Reconocer, redistribuir y reducir las cargas de cuidado es otro paso fundamental hacia la autonomía económica. Por ello, la ARN invirtió 3.160 millones de pesos en una estrategia implementada en 12 municipios, vinculando a 340 mujeres y 340 hombres para promover la corresponsabilidad y avanzar hacia relaciones más equitativas.
Hoy la reincorporación también se escribe en clave de equidad, reconocimiento y oportunidades reales. No hay paz completa si las mujeres no pueden ejercer plenamente sus derechos.