Memorias vivas de nuestro Territorio

En Dabeiba, este proceso restaurativo reúne a víctimas y comparecientes en un camino de verdad, memoria y dignificación. Hace parte del subcaso Antioquia del Caso 03 de la JEP, que investiga crímenes cometidos en Dabeiba e Ituango entre 2002 y 2006. La JEP identificó tres patrones: homicidios de campesinos por prejuicio insurgente, asesinatos de personas llevadas bajo engaño desde otros municipios y desaparición forzada mediante ocultamiento de cuerpos en cementerios como Las Mercedes, en Dabeiba. Allí, los aportes a la verdad permitieron recuperar 49 cuerpos en 29 fosas y una bóveda; 8 víctimas ya fueron identificadas y entregadas dignamente, y otras 3 fueron identificadas con apoyo de la Fiscalía.

El proceso se ha consolidado como un escenario de construcción conjunta, donde las víctimas han impulsado acciones artísticas, pedagógicas y de memoria para dignificar a quienes fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate. Participaron 11 víctimas y 15 comparecientes (12 comparecientes ARN y 3 no ARN), con 5 espacios dialógicos.

Las acciones restaurativas incluyeron una exposición fotográfica itinerante, un acto público de lanzamiento y cierre del proceso y una audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad. Más que una secuencia de eventos, estas acciones han servido para ampliar la voz de las víctimas, reafirmar voluntades y avanzar en una comprensión colectiva del daño y de la no repetición.

Diálogos que restauran: Conocer y reconocer para no repetir

En Valledupar, este proceso restaurativo busca dignificar el nombre de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Batallón de Artillería No. 2 La Popa. Es el primer acto simbólico de carácter restaurativo realizado en el Cesar por estos hechos. Se inscribe en el subcaso Costa Caribe del Caso 03, donde la JEP ha emitido autos de determinación de hechos y conductas y ha imputado a integrantes de distintas unidades militares. Solo en la Costa Caribe, 43 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional fueron imputados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas entre 2002 y 2008.

La JEP identificó dos grandes modalidades del patrón macrocriminal: por un lado, víctimas señaladas falsamente como integrantes o colaboradores de grupos insurgentes, con al menos 184 personas asesinadas entre 2002 y 2008 en 40 municipios; por otro, personas en situación de vulnerabilidad atraídas con engaños y falsas promesas, con al menos 343 personas asesinadas en 59 municipios, de las cuales 71 no han sido identificadas.

En el proceso participaron 13 víctimas y 15 comparecientes, con 2 espacios dialógicos. Las acciones restaurativas incluyeron una exposición fotográfica, un acto conmemorativo, la publicación en prensa del texto de reconocimiento de responsabilidad y dignificación del buen nombre y la publicación en prensa de una crónica sobre las víctimas. El acto conmemorativo incluyó una caminata, una eucaristía y la exposición fotográfica “Reparar para no repetir”, fruto del trabajo conjunto entre víctimas y comparecientes.

Ocaña y Aguachica

Dignificación del buen nombre del Catatumbo

Este proceso se desarrolla entre Cúcuta, Ocaña y Aguachica, en un territorio atravesado por graves violaciones a los derechos humanos.

Participaron 20 víctimas y 20 comparecientes, con 4 espacios dialógicos. Las acciones restaurativas incluyeron actos conmemorativos y de reconocimiento de responsabilidad en Ocaña, la entrega e instalación de placas conmemorativas en Ocaña y Aguachica, y la elaboración y difusión de una pieza audiovisual.

El proceso contó con una estrategia de comunicación de dos componentes: la pieza audiovisual y otras piezas de comunicación orientadas a la reconstrucción y visibilización del proceso para involucrar indirectamente a otros sectores de la sociedad.

En esta narrativa, el territorio no aparece solo como escenario de los hechos, sino también como sujeto de reparación simbólica. La apuesta es recuperar el buen nombre de las víctimas y del Catatumbo, abrir reflexión pública sobre lo sucedido y fortalecer mensajes de no repetición.

Cúcuta

Catatumbo el diálogo y la reconciliación son la ruta para la Paz

Este segundo proceso pone el foco en el reconocimiento de responsabilidad frente a patrones de macrocriminalidad.

Participaron 17 víctimas (una víctima indirecta y 16 delegados de organizaciones sociales), y 11 comparecientes en 4 espacios dialógicos.

Se trata de un ejercicio restaurativo respecto de los crímenes cometidos por miembros de la BRIM15 y el BISAN dentro de un mismo plan criminal, en un mismo territorio y período. La JEP documentó 120 víctimas asesinadas con un mismo modus operandi. También señala que la decisión judicial se construyó a partir de 8 informes de entidades y organizaciones, 41 versiones de comparecientes, inspecciones a procesos de la jurisdicción ordinaria y penal militar, y el análisis de 258 libros de documentos oficiales.

Las acciones restaurativas incluyeron un diálogo público con organizaciones de la sociedad civil y de representación judicial de víctimas, un programa radial y una nota de prensa: “Catatumbo herido, desde el dolor hacia la Reconciliación”. Según la presentación, el proceso se comunicó bajo la consigna “Catatumbo, el diálogo y la reconciliación son la ruta para la Paz”.

Tejiendo líneas de memoria

Este proceso restaurativo fue concertado entre víctimas y comparecientes para dignificar la memoria de personas asesinadas y desaparecidas que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el Huila. La propuesta se construyó como un proceso de contribución a la verdad, al buen nombre y a la no repetición.

En los crímenes participaron civiles y militares de distintos niveles de la Brigada No. 9 del Ejército y varias de sus unidades. La JEP identifica tres patrones: homicidios y desapariciones forzadas contra pobladores de la región estigmatizados como integrantes o colaboradores de la guerrilla; asesinatos de personas ajenas al territorio, atraídas o reclutadas bajo engaño en ciudades como Garzón, Pitalito o Neiva; y homicidios cometidos en operaciones dirigidas supuestamente contra delincuencia común o milicias, en violación de los estándares del DIH y de derechos humanos.

Participaron 15 víctimas y 20 comparecientes, con 2 espacios dialógicos. Las acciones restaurativas incluyeron un boletín de prensa, la obra “Un recorrido por la verdad”, la galería “Tejiendo líneas de memoria” con separadores y relatos sonoros, y una audiencia de verificación de cumplimiento del componente restaurativo. El boletín se diseñó para aclarar que las víctimas no pertenecían a grupos armados ilegales; los relatos sonoros narraron sus historias de vida desde la voz de sus familiares; y la obra puso en escena, con danza, tradición oral y música en vivo, los testimonios y la historia de las ejecuciones extrajudiciales.

Arte y memoria por la dignificación y la verdad en el Tolima

En Ibagué, este proceso restaurativo se construyó alrededor del reconocimiento del daño y la memoria como vía de reparación. El documento base lo desarrolla como “Arte y Memoria: Acciones artísticas, pedagógicas y de construcción de la memoria para la dignificación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Tolima, para la no repetición y la reconstrucción del tejido social”.

El proceso se relaciona con la investigación de la JEP sobre crímenes cometidos en Tolima entre 2002 y 2008 por militares, expolicías, exfuncionarios y civiles. Uno de los casos priorizados es la masacre de El Totumo, en la que cinco personas fueron asesinadas y luego presentadas como bajas enemigas. La JEP estudia cómo operaba este patrón criminal desde dentro de las instituciones, especialmente alrededor del GAULA Tolima.

Participaron 14 víctimas y 29 comparecientes (12 comparecientes ARN y 17 no ARN) con 4 espacios dialógicos. Las acciones restaurativas incluyeron misa en la Catedral, acto de memoria, mural portátil, acto de devolución de condecoraciones, exposición fotográfica y artística y una multimedia con todos los productos.

Tras meses de encuentros, víctimas y comparecientes caminaron en silencio desde la Catedral Metropolitana hasta el Museo Panóptico de Ibagué, donde se hizo un acto de memoria y reconocimiento. Allí se abrió la exposición “Renacer por el Respeto a la Vida”, concebida como una obra colectiva e itinerante para llevar este mensaje a otros territorios.

El camino de la Memoria

En Casanare este proceso restaurativo se centra en dignificar a familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales y fortalecer la memoria colectiva del territorio. Desde la fase de acercamiento se construyeron espacios de escucha con víctimas y comparecientes para explorar su voluntad de participar y empezar a tejer propuestas compartidas.

Las víctimas se reconocieron como una familia unida por el dolor y expresaron su deseo de dejar huellas físicas de memoria en sus municipios; los comparecientes, por su parte, mostraron disposición a asumir responsabilidades y contribuir al proceso.

En las primeras etapas, aunque víctimas y comparecientes no se encontraron presencialmente, sus voces sí lograron encontrarse a través de mensajes construidos en cada espacio, lo que permitió un ejercicio dialógico en torno al daño y la restauración. También se worked con hijos e hijas de las víctimas mediante talleres de arte y pintura por la paz, sembrando memoria en nuevas generaciones.

Participaron 17 víctimas, entre ellas 5 niños, niñas y adolescentes, y 20 comparecientes, con 1 espacio dialógico.

Las acciones restaurativas incluyeron el diseño, elaboración y entrega de 19 placas conmemorativas, un acto simbólico de reconocimiento de responsabilidad y entrega de las placas, y piezas de audio para radio sobre reconocimiento de responsabilidad y dignificación del buen nombre.

La verdad que tardó años en salir hoy se convierte en camino hacia la reparación.

En el departamento de Córdoba, la Jurisdicción Especial para la Paz investiga ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2008, en el marco del Caso 03. Este subcaso se centra en las actuaciones del GAULA Córdoba y del Batallón de Infantería No. 33 Junín.

Durante esos años, la presión por mostrar resultados militares generó un contexto en el que se priorizó el número de bajas en combate. Esto dio lugar a un patrón sistemático: jóvenes, muchos en condición de vulnerabilidad, eran engañados con falsas ofertas de trabajo, trasladados a zonas rurales, asesinados y luego presentados como combatientes muertos en combate.

Las investigaciones han evidenciado que estos hechos no fueron aislados. Existió coordinación entre unidades militares, que compartían información, seleccionaban víctimas y desarrollaban operaciones conjuntas, consolidando un patrón macrocriminal.

En 2008, estos crímenes salieron a la luz pública, generando un impacto nacional e internacional que obligó al Estado a reconocer los hechos e impulsar investigaciones más profundas. A partir de 2021, la JEP consolidó este fenómeno como un patrón macrocriminal y priorizó territorios como Córdoba dentro de sus investigaciones.

En 2025, el subcaso fue delimitado formalmente, permitiendo avanzar en la identificación de responsables y en la construcción de escenarios de verdad y reparación. Ese mismo año, mediante la Resolución 2321, se avanzó en la determinación de responsabilidades, abriendo la puerta a que los comparecientes reconozcan su participación y aporten a la verdad.

Uno de los momentos más significativos ocurrió en septiembre de 2025, cuando en Montería se realizaron audiencias públicas en las que los responsables reconocieron su participación. Allí, las víctimas pudieron escuchar la verdad directamente, en un ejercicio que no solo busca esclarecer los hechos, sino también dignificar, reparar y reconstruir la confianza en las comunidades.

Una práctica que no fue aislada

Los hechos ocurridos en Magdalena no pueden comprenderse como decisiones individuales o episodios desconectados. El Auto SUB D–Subcaso Costa Caribe–008 del 31 de marzo de 2025, mediante el cual la Sala de Reconocimiento de la JEP determinó los hechos y las conductas atribuibles a integrantes de unidades militares de la región entre 2002 y 2008, identificó un patrón macrocriminal orientado a aumentar las bajas en combate como indicador de éxito militar y fortalecer la percepción de seguridad. Esta práctica se sostuvo mediante un sistema de presiones, incentivos y encubrimientos, así como por la selección de personas señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados, muchas veces a partir de información sin verificar y de condiciones de vulnerabilidad social y económica.

La sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, Magdalena, del 3 de febrero de 2012, radicado 2010-0233, permite observar cómo esa lógica se materializó en el caso de Jorge Antonio Barbosa Tarazona. Según la decisión judicial, la víctima fue seleccionada a partir de sospechas no comprobadas, separada de otros civiles y retenida sin intervención de una autoridad judicial. Después fue trasladada a una base militar, sometida a interrogatorios y conducida hasta una zona rural donde, junto con otra persona retenida, fue ejecutada en estado de indefensión. El caso revela una secuencia reconocible: señalamiento, retención, control sobre la víctima, traslado y ejecución.

La misma sentencia documentó lo ocurrido después de las muertes: desde la base militar fueron llevadas armas que se dispararon y colocaron junto a los cuerpos, además de brazaletes utilizados para simular que las víctimas pertenecían a un grupo armado. Posteriormente, los participantes sostuvieron ante la justicia penal militar una versión común sobre un supuesto enfrentamiento. Leídos en conjunto, la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga, el Auto 008 de 2025 de la JEP y los relatos recogidos durante el proceso restaurativo permiten reconocer una práctica organizada que articuló la selección y estigmatización de las víctimas, su ejecución en condiciones de indefensión, la alteración de la escena, la presentación de las muertes como resultados operacionales y el sostenimiento de una narrativa destinada a encubrir lo sucedido.